Se elimina el antiguo margen de dos meses para entregar el contrato o el anexo informativo. Ahora, las condiciones generales deben facilitarse a la persona trabajadora antes del inicio de la prestación de servicios (o el mismo día del alta para los datos más básicos). Además, cualquier modificación futura de las condiciones deberá comunicarse por escrito, como máximo el mismo día en que el cambio se haga efectivo.
La retribución es una parte esencial del contrato y, por tanto, se obliga a detallar claramente todos los conceptos salariales, diferenciando:
el salario base,
cada complemento, indicando cada cuánto y cómo se paga,
y, si existen, las comisiones, incentivos o variables, explicando cómo se calculan y qué criterios determinan su cobro.
Ya no es válido incluir una cifra global ni hacer una referencia genérica al convenio colectivo.
Indicar únicamente el grupo profesional (por ejemplo, “Oficial de 1ª”) ya no es suficiente. Debe incluirse una descripción clara y resumida de las tareas diarias que realizará la persona trabajadora.
En los contratos temporales, debe justificarse con mucha precisión:
el motivo exacto de la contratación,
y la duración prevista, evitando fórmulas estándar o cláusulas “copiadas y pegadas”.
La nueva norma exige informar no solo de la duración del período de prueba, sino también de las experiencias que se valorarán para considerarlo superado. El grado de concreción aún dependerá de la futura interpretación jurisprudencial, pero ya se anticipa un riesgo:
Si la definición es demasiado genérica, podría considerarse inválida.
Si es demasiado específica (por ejemplo, “llegar a X ventas al mes” o “cero incidencias”), puede ser contraproducente si la empresa no dispone de pruebas suficientes del incumplimiento.
Si la empresa utiliza programas informáticos, algoritmos o inteligencia artificial que influyan en el día a día del trabajador (por ejemplo, para asignar turnos, repartir tareas o evaluar el rendimiento), ahora es obligatorio informar de forma clara no sólo del uso de estas herramientas, sino tmabién informar sobre cómo funcionan estos sistemas y qué variables tienen en cuenta.
La empresa no está obligada a hacer nuevos contratos ni a entregar anexos de oficio a toda la plantilla actual.
Pero si un trabajador contratado antes del 5 de octubre lo solicita formalmente por escrito, la empresa tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para entregarle un documento con toda esta nueva información detallada.
Desde nuestro departamento laboral recomendamos a todas las empresas revisar los contratos y anexos vigentes para adaptarlos a los nuevos requisitos y evitar incidentes ante una inspección de trabajo o una eventual reclamación de las personas trabajadoras. Asesoramos en la redacción de contratos y anexos laborales, formalización de condiciones, y cumplimiento de normativa laboral.